Los ayuntamientos contarán con 10 millones de euros más para mejorar los servicios sociales 

El objetivo de esta autorización es financiar el Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales para la red de servicios sociales de atención primaria gestionada por las corporaciones locales, así como proporcionar a la ciudadanía servicios sociales adecuados que permitan la cobertura de sus necesidades básicas.

Las comunidades autónomas deben presentar los proyectos que se cofinanciarán con estos fondos, que deben contribuir, entre otros, al desarrollo del servicio de ayuda a domicilio y apoyo a la unidad de convivencia, alojamiento alternativo y prevención e inserción social.

“Aunque en su creación se preveía que la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos financiarían cada una un tercio de estas prestaciones, esto nunca ha sido así, y la financiación estatal ha ido perdiendo peso en el total (se sitúa por debajo del 3%). Esta tendencia se agravó durante los gobiernos del PP, que redujeron la financiación de los servicios sociales (se pasó de 96 millones en 2010 a 27 millones en 2013)”, lamentó la también diputada nacional.

Añadió además que “la gran novedad de este año es que en un solo presupuesto el gobierno de Pedro Sánchez ha revertido estos recortes, pasando de los 40 millones de 2020 a los 98 millones de euros. Esta cifra es la mayor aportación de la Administración General al Plan Concertado desde su creación en 1988”.

Andalucía, de esta manera, pasa de los 18.119.174 euros del 2020 a los 28.217.661 euros lo que supone que aumentan las transferencias estatales en un total de 10.098.487 euros.

“Mientras que el gobierno de la Junta de Andalucía está desatendiendo mes a mes las políticas sociales tenemos al frente del gobierno de la nación a un presidente como Pedro Sánchez que está apostando de manera decidida por fortalecerlos y mejorarlos”, aseguró Lima.

Otra novedad de este año es que se ha propuesto a las comunidades que el acuerdo de transferencia incluya una cláusula que obligue a que al menos el 20% del incremento de financiación que les corresponda se destine a refuerzos del personal de los servicios sociales.

La autorización del Consejo de Ministros, del mismo modo, se refiere al Programa de Protección a la familia y atención a la pobreza infantil, apartado en el que se incluyen proyectos de intervención social y prestaciones económicas y en especie que contribuyan a mejorar la situación social y laboral de las familias con menores a cargo que presentan situaciones de privación material severa o riesgo de pobreza.

Por último, también se incluye el Programa VECA para garantizar el derecho básico de alimentación, ocio y cultura de niños, niñas y adolescentes durante las vacaciones escolares y la conciliación de la vida familiar y laboral.

La dirigente socialista ha querido pedir a la Junta de Andalucía que ratifique el acuerdo del Consejo de Ministros “sin demora, de manera inmediata y sin poner piedras en el camino” para que el gobierno central pueda hacer efectiva cuanto antes la transferencia de recursos económicos.